Miércoles, 13 Noviembre 2019

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La penitencia/sanción de Petro

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Estoy tan en desacuerdo con el Procurador como con Petro, los dos lo hacen mal en sus cargos y no han sido capaces de lograr lo que la Constitución y las leyes esperan de ellos. Petro no debió salir nunca del congreso, es un orador probo y contaba con un gran equipo de investigación que le permitía ejercer control político y proponer una que otra cosa buena; por otro lado Ordoñez debería estar dando misa, o podría ser nombrado embajador vitalicio en el vaticano, pues, aunque, su verdadera pasión sí es juzgar, él no es capaz de dejar sus convicciones a un lado para hacerlo, por eso le vendría mejor un confesionario que el cargo de Procurador.

Los dos sufren del mal de los extremos, uno es extremadamente terco como para no recibir y acatar los consejos de sus asesores, arriesgándose a contratar un modelo de recolección de basuras sin los requisitos legales durante algunos meses mientras llegaban los carros especializados para esta labor (podría ser que en este momento también: hace pocos días vi una Chevrolet Luv 4x2 sirviendo para la recolección en la Localidad de Chapinero). El segundo es extremadamente subjetivo para un cargo en el que sería más efectivo –por no decir “justo”– si fuera lo más objetivo posible, porque juzgar en derecho es un acto de tanto poder que no lo debe ejercer alguien que no puede dejar a un lado sus convicciones más íntimas, porque aunque pueda hacerlo sus juicios siempre estarán viciados por el contenido de su consciencia.

No cabe duda que las faltas en la contratación del modelo de basuras ameritaban una sanción disciplinaria y tal vez penal, sin embargo en el comunicado que leyó el Procurador no es claro que la sanción se haya impuesto por los errores legales en la contratación, sino por sus efectos (ver comunicado http://www.elespectador.com/noticias/bogota/texto-de-decision-del-procurador-general-destituyendo-a-articulo-463102). En este sentido, haciendo una interpretación literal (exegética, como le gusta al Procurador) de la Constitución y de la ley, Ordoñez no habría podido sancionar al Alcalde, pues la Constitución (artículo 277.6) solo le permite ejercer vigilancia sobre los funcionarios electos y la Ley 80 de 1993 (ley de contratación estatal), en su artículo 62, faculta al Procurador a investigar y sancionar a los funcionarios por falta de observancia de principios y fines en la contratación, sin distinguir entre quienes son elegidos y los que son nombrados.

Sin embargo, supongamos que Ordoñez es un señor abierto y que no le gusta interpretar todo en sentido literal, sino que le gustan las interpretaciones extensivas de la ley y la Constitución, en ese supuesto él tendría la facultad de sancionar a los funcionarios electos, en ese supuesto la sanción –en mi opinión– es exagerada, porque si bien la contratación se hizo por fuera de los parámetros legales, no se ha probado que se haya configurado una conducta delictiva (artículo 410 Código Penal), y más bien, debería sancionarse al alcalde con la suspensión de su labor mientras se comprueba si hubo o no un delito, para después emitir el concepto disciplinario (lo que en derecho se llama prejudicialidad).

Pero a pesar que de derecho saben el Procurador y los asesores del Alcalde, pareciera que al primero se le olvidaran estos conceptos para que sea él el protagonista de las decisiones más importantes que se han tomado últimamente y a los segundos, pareciera, que se les ha olvidado insistirle al Alcalde para evitar que cometa estos errores en la contratación y, además, se les ha olvidado revisarle el discurso, pues ayer dijo que el presidente Santos era la última instancia de la decisión del Procurador y que de él dependía su continuidad en el cargo, lo que es completamente falso, como también es falso que esto sea un golpe de Estado, él debería reconocer que hizo las cosas mal y que, sabiendo que podía ser disciplinado por un enemigo político, se arriesgó a saltarse las normas para cumplir con sus caprichos.

Es evidente que los dos personajes se equivocaron de ocupación: a pesar de que Petro esté intentando hacer de Bogotá una ciudad incluyente y sustentable, está descuidado muchos aspectos de ejecución propias de un Gobierno Distrital o Municipal; a pesar de que Ordoñez sea abogado (hasta inteligente será), él debería estar defendiendo las causas de la Iglesia o de la orden a la que pertenece por fuera de un cargo público, porque –gracias a Dios– Colombia es un Estado laico y acá las sanciones son en derecho no en la fe, acá se sanciona con base en la ley y no con base en la Biblia, acá quince años no son equiparables a quince Padres-nuestros, aunque a Petro le hubiera gustado que esa fuera su penitencia/sanción.

Añadiduras:

*Podría apostarle a cualquiera que en el fallo que resuelva el recurso de reposición el Procurador le rebajará el tiempo de inhabilidad a Petro a unos 12 años, no por las protestas sociales, sino para mostrarle a la clase política colombiana que él hace lo que se le da la gana.

*Definitivamente Uribe no quiere a Francisco Santos, ya lo va a mandar a quemarse a la Alcaldía de Bogotá. Quién va a ir a votar por Pachito, más cuando Uribe ha perdido las últimas tres elecciones en Bogotá…

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Javier Prieto Tristancho

Abogado de profesión especializándome en temas urbanos. Nacido en Sogamoso (Boyacá) y residente de la Atenas sudamericana. Amante de la política y crítico de la politiquería. Lector de ratos libres y escritor de todos los días. Aspiro ayudar a cambiar la clase política colombiana, de no ser posible espero poder vivir de la literatura o de ser director técnico de fútbol.

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