Sábado, 14 Diciembre 2019

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Cuando la opinión es un delito

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Las garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia están amenazadas. En realidad, nacieron muertas. Se agrava esto cuando tampoco hay garantías para la opinión, mucho menos para la investigación científica y académica; luego, hablar de democracia en la Colombia de Juan Manuel Santos, es hablar de otro falso positivo más en cabeza suya.

El 2013 fue el año de la movilización social, pero pese a que significó un repunte importante para la protesta callejera y para las organizaciones populares, también a estas les costó caro. Los dardos fueron de todo tipo. Dieciséis (16) muertos y doscientos sesenta y dos (262) detenidos, tan solo en el marco del Paro Agrario y del Catatumbo. A ello hay que sumar un sinfín de persecuciones y señalamientos, lanzados por el propio Santos y su ministro de defensa en contra de las organizaciones que impulsaron la movilización social en 2013.

Nada sorprende. Generalmente un doble discurso es una doble moral. Los poderosos de este país, y Santos es uno de ellos, saben bastante de eso. A la vez que se habló en La Habana, durante la primera mitad del año, de democratizar el acceso a la tierra, se impulsó la ley de baldíos en consonancia con el manejo concentrado de ésta que hoy impera; y mientras en la segunda mitad del año se habló de garantías para la participación política, se reprimió la protesta ciudadana, se destituyó al alcalde Petro, se le dieron plenos poderes al Procurador en respuesta a la tutela interpuesta por Piedad Córdoba, y además se apresó Huber Ballesteros -miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, vicepresidente de Fensuagro y vocero de los campesinos en medio del Paro Agrario- y, ahora, al profesor universitario y dirigente social, de toda la vida, Francisco Toloza, miembro además de la dirección nacional de la Marcha Patriótica.

La “combinación de todas las formas de lucha”, de la que tanto se acusa a la izquierda colombiana, la viene aplicando el régimen desde hace bastante tiempo. Participan en elecciones, pero además compran y venden votos, también persiguen, destituyen, inhabilitan, desaparecen, matan… y encarcelan, es decir, matan dos veces. De ello surgen varias consideraciones. Quizá la más importante y significativa tiene que ver con las posibilidades democráticas que hay en Colombia para construir un proyecto alternativo de nación. Si en el país se pretende avanzar realmente hacia la reconciliación y la paz, el lenguaje del odio, es decir, la política a través del miedo, deberá desaparecer. El discurso del terrorismo, que tiene tras sí una larga lista de cuestionamientos académicos y políticos, no puede servir para descalificar al contradictor político en una democracia.

Hoy las paradojas saltan a la vista. El gobierno prefiere financiar reclusos que estudiantes, aún cuando los primeros le cuestan $5.425.000 al año, mientras que a los segundos les invierte apenas la mitad. Además, no solo le quita el presupuesto a las universidades, también autonomía, les cercena la libertad de cátedra y… les quita estudiantes, como tantos que han sido asesinados, exiliados y encarcelados. También les quita docentes. Claro, no sólo con la política educativa en la que hay más profesores de hora cátedra que de planta, sino también apresando y señalando perspectivas críticas como las que han defendido desde las aulas, los pasillos y las cafeterías universitarias muchos, así como Francisco Toloza, quienes encuentran sus delitos en la opinión, en la participación en política, en el ejercicio del derecho a protestar y a disentir. Es decir, en aportar desde la academia a la construcción de un mejor país, en el que, mínimamente, la opinión no sea un delito.

Seguramente la coyuntura electoral que se avecina, tratará de obviar muchas de las discusiones de fondo que se abrieron en 2013, pero lo que es cierto es que deberá servir para reflexionar sobre la existencia misma de la democracia. Quedó agendado en La Habana convocar un debate sobre el estatuto de la oposición, pues habrá que iniciarlo cuanto antes y la primera garantía debería ser el cese de la criminalización del pensamiento disidente y necesariamente tendrá el gobierno que dar gestos de buena voluntad. El más sincero de todos, sería la libertad de las y los presos de conciencia. 

Nota: ¿Será que la CIA también ayuda a construir y emplear bombas inteligentes contra los dirigentes sociales?

@FernandoVeLu

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Fernando Vega Lugo

Actualmente en proceso de grado de jurisprudencia en la Universidad del Rosario y estudiante de Ciencia Política y Gobierno en la misma universidad. Activista de la MANE, miembro de la FEU-Colombia y de la Marcha Patriótica. 

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