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Jueves, 28 Julio 2016 19:56

Criminales a la Calle

Por: Luis Carlos Barraza

Colombia atraviesa por una grave crisis carcelaria, que se agudiza día a día, nuevas y costosas reformas brindan oportunidades a criminales de abandonar las prisiones en las que se encuentran recluidos. La descongestión carcelaria brinda posibilidad a los presos de culminar su sentencia en el lugar de residencia, sin discriminar el tipo de delito que cometieron (comunes o especiales), esto en la mayoría de casos controlado por un brazalete electrónico para el seguimiento “efectivo” de internos, el cual transmite señales a una caja que se instala en una parte de la casa, y que a su vez envía una señal al centro de monitoreo del INPEC, lo que para muchos es considerado insuficiente, ya que últimamente se han registrado varios casos de personas que han reincidido estando cumpliendo pena privativa de la libertad en su lugar de residencia.  Se supone que también debe existir una revisión periódica de funcionarios del INPEC, ¿Cuáles funcionarios? La poca planta de personal con la que cuenta el INPEC en muchas ciudades dificulta lograr con el cometido de esa revisión periódica, en muchos casos se sobrecarga a un solo guardia con hasta 60 o 70 revisiones por día. Incluso la procuraduría delegada en asuntos penales de diferentes jurisdicciones ha advertido la poca presencia de guardias en las diferentes prisiones del país, lo que imposibilita el control para el debido mantenimiento del orden en estos lugares, además del insuficiente espacio apto para recluir más criminales. En penales como la cárcel de Riohacha existe un nivel de hacinamiento superior al 500% de la capacidad de este, algo que debe alertar a todo el país, hay un alarmante, creciente fenómeno de criminalidad que no solo se evidencia en las cárceles, si no en las calles.

En Colombia urge una reestructuración del sistema judicial, haciendo los procesos de judicialización más rápidos y eficaces, así como una inversión en la construcción de nuevos penales, que el hacinamiento no sea una excusa para dejar en libertad personas que aún no cumplen sus deudas con la sociedad.

En este país se ha perdido el temor a la justicia, los malhechores delinquen sin ningún temor a esta, por considerarla flexible e inoperante. Es ridículo y despierta un gran sentimiento de impotencia en el ciudadano de bien ver como un asesino capturado en flagrancia queda en libertad a unos cuantos días después de su detención, mientras que una persona es condenada a 6 años en cárcel por robar un caldo de gallina, es necesario aclarar que el cometido de la comparación entre estos dos escenarios no es justificar la acción del segundo, ya que efectivamente se trata de un delito que debe ser castigado por la ley, pero si nos permite hacer un juicio de valor sobre el estado paquidérmico en que se encuentra la justicia penal colombiana, muchas veces es la complejidad en los procesos lo que dificulta su oportuna eficacia.

Twitter. LuisK_Barraza

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Por: Sergio Grandas Medina

Por la actual crisis de justicia que atraviesa el país, ya es casi un verdadero asombro que la rama judicial logre recolectar pruebas y genere condenas ejemplares que permita desarticular la delincuencia que azota al territorio nacional. Pero ahora cuando el aparato de justicia actúa, la otra crisis, la carcelaria, convierte inmanejable la comisión de delitos desde las cárceles y la fuga de presos.

Según cifras de la Defensoría del pueblo, se ha incrementado el número de fugas de presos en el país, desde el 2014 y lo que va del 2015, se han presentado 10 casos. Lo que para el organismo, es una clara alarma y evidencia que de deben tomar medidas urgentes en las cárceles del país.

Los últimos tres gobiernos colombianos le han hecho el quite a la realidad carcelaria, que requiere inversión y de una reforma estructural. La crisis penitenciaria deja ver un INPEC divido y envuelto en intereses sindicales que parecen no tener salida, y un aumento en el hacinamiento en los principales centros de reclusión del país.

La Defendería del Pueblo entregó recientemente también cifras que dejan al desnudo la actual crisis penitenciaría, según el organismo en la última década la población carcelaria pasó de 62.000 a 118.000 reclusos, un incremento aproximado del 91%. Un aumento que no se ha visto acompañado de ampliación de infraestructura carcelaria.

Por otro lado está el poco personal para custodia y vigilancia de las cárceles. Son apenas 6.172 guardianes para los 118.000 reclusos, y en algunos centros de reclusión por cada mil presos, hay un representante del INPEC. Como es el caso de la penitenciaría Las Heliconias, de la cual se fugó alias ‘El Desalmado´, el asesino de 4 inocentes pequeños en Caquetá.

La Ley establece que en las cárceles se debe hacer reinserción social positiva, es decir que los reclusos a través de trabajo y estudio deben ser preparados para la reintegración a la sociedad.  43.539 presos estudian y 38.875 trabajan, de estos el 76% logran culminar estos procesos. Procesos que se ven truncados, gracias a un sistema carcelario a punto de colapsar.

Otra de las razones por las cuales se ha profundizado la crisis carcelaria, ha sido el INPEC, un instituto penitenciario sumergido en un alto grado de corrupción, que permite el ingreso a los penales: drogas, armas blancas y de fuego, aparatos electrónicos como celulares; entre otros tipos de elementos que no deberían estar en los centros de reclusión en manos de los presos.

Gracias al fenómeno de corrupción dentro del INPEC, se ha incrementado el delito de extorsión desde las cárceles. Según fuentes oficiales, 80 de cada 100 delitos que se cometen en las ciudades se planean y se ordenan desde centros de reclusión. Y por cada 100 personas que cumplen sus condenas y al ser liberados, 17 reinciden en actividades delictivas, volviendo nuevamente a prisión.

Colombia requiere una reforma al actual sistema carcelario, una reforma que permita establecer procesos eficaces de reintegración social y que garanticen la no repetición e incidencia de delitos por parte de los liberados. Es necesario un instituto de vigilancia y control que arranque de raíz los principales problemas de corrupción al interior de los penales, evitando el ingreso de drogas, armas y elementos electrónicos que permitan la comisión de actos delictivos. Pero también es necesaria una reforma que le inyecte al sistema recursos para poder financiar ampliación de infraestructura penitenciaria y fortalezca los actuales programas que buscar la reinserción social.

El sistema judicial también debe ser reformado y se le debe dar dientes, para que éste ataque los hechos delictivos más comunes y de gran envergadura, un sistema al que se le tenga respeto. Que no sea burlado por delincuentes o por pillos de cuello blanco, que no comparecen ante las instituciones de justicia, argumentando falta de garantías o que se autodefinen como perseguidos políticos.

Twitter @SergioGrandasM

 

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